La oposición venezolana ha denunciado al Mercado Común del Sur (Mercosur) una “alteración del orden constitucional” debido a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de permitir que el presidente Hugo Chávez se ausente de la ceremonia de toma de posesión para un nuevo mandato, interpretando de otra manera los dispositivos de la Constitución. La oposición también ha pedido que el bloque comercial promueva un “debate sobre la situación” de Venezuela, alegando que esto podría afectar la estabilidad de la región latinoamericana.
“Me permito informarle sobre el desarrollo de una crisis política que, en nuestra opinión, constituye una alteración del orden constitucional, que afecta gravemente el orden democrático en Venezuela”, expresó la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en una carta dirigida al presidente del Parlamento del Mercosur, Ignacio Mendoza Unzain. Hugo Chávez ha estado hospitalizado en Cuba desde diciembre, cuando se sometió a su cuarta cirugía para extirpar un cáncer en la pelvis, diagnosticado en 2011. El mandatario, quien fue reelegido en las elecciones locales de octubre, ha sufrido complicaciones en el postoperatorio y no ha podido regresar a Venezuela para tomar posesión de un nuevo mandato, cuya ceremonia tuvo lugar el 10 de enero.
“A pesar de que Chávez fue elegido presidente para el próximo mandato de 2013-2019, nos encontramos al menos ante una falta temporal que debería ser cubierta por el presidente de la Asamblea Nacional”, destacó la carta, firmada por Ramón Guillermo Aveledo, secretario ejecutivo de la coalición. Él defiende que el “gobierno, haciendo uso de su control sobre todos los poderes del Estado, obtuvo una sorprendente sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que valida la violación de una ley contenida en nuestra Constitución, lo que constituye una grave ruptura del orden constitucional venezolano”.
Venezuela se incorporó al Mercosur en julio de 2012, después de que el bloque suspendiera la participación de Paraguay, argumentando que el país violó la Constitución y el orden democrático al aprobar rápidamente un juicio político contra el entonces presidente Fernando Lugo.
