El Ministerio Público del Distrito Federal desea llamar al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva para declarar en una investigación sobre la supuesta práctica de financiamiento ilegal en su campaña electoral de 2002.
La investigación se inició después de una denuncia realizada el año pasado por el empresario Marcos Valério Fernandes de Souza, el operador del esquema del mensalão, quien también será notificado para declarar.
Valério se niega a llegar a un acuerdo y vacía la investigación contra Lula. También se tomó declaración a Meirelles por las acusaciones de Valério.
Ambos no serán obligados a comparecer ante el Ministerio Público, ya que fueron convocados como testigos. “Debemos llamar a ambos, pero su presencia no es obligatoria”, dijo el promotor Mauro Faria, responsable de la investigación en la Oficina del Fiscal Electoral.
La información fue publicada por primera vez por la revista “Veja” en la edición de esta semana. A través de su asesoría, el ex presidente Lula declaró que no comentará el caso.
En su declaración del año pasado, prestada cuando aún estaba en curso el juicio del mensalão, Valério dijo que la siderúrgica Usiminas donó un millón de reales a la campaña de Lula fuera de la contabilidad oficial. Consultada sobre el tema, la asesoría de prensa de la empresa no respondió antes de la conclusión de esta edición.
El Ministerio Público abrió seis investigaciones preliminares para investigar las nuevas acusaciones de Valério y adjuntó fragmentos de su declaración a otras dos investigaciones en curso.
Valério también afirmó que Lula, el ex ministro Antonio Palocci y el portugués Miguel Horta, entonces presidente de Portugal Telecom, negociaron una donación electoral de US$ 7 millones para el PT.
Lula y Horta negaron el año pasado haber discutido el asunto. El abogado de Palocci, José Roberto Batochio, llegó a calificar la declaración de Marcos Valério como “invención”.
Según los investigadores, el operador del mensalão dijo que los depósitos fueron realizados por proveedores de Portugal Telecom en Macao, China.
Como informó Folha en junio, Valério se negó más tarde a cooperar con esta investigación, permaneciendo en silencio cuando fue llamado a declarar nuevamente, vaciando la investigación.
Dijo que solo aceptaría colaborar si pudiera obtener beneficios en otras investigaciones penales en su contra.
Para intentar rastrear el dinero, la Policía Federal solicitó ayuda al DRCI (Departamento de Recuperación de Activos), un órgano del Ministerio de Justicia especializado en la búsqueda de recursos desviados ilegalmente al exterior.
La policía solicitó detalles sobre la actividad financiera de las cuentas indicadas por Valério, como la identidad de los titulares y depositantes.
En el caso del mensalão, Valério fue condenado a más de 40 años de prisión por formación de banda criminal, lavado de dinero, corrupción activa, peculado y evasión de divisas.
