“La CCJ aprueba propuesta que elimina el voto secreto en todo el Legislativo”
La Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) del Senado aprobó este miércoles (23) la Propuesta de Enmienda a la Constitución 43, que pone fin al voto secreto en todas las votaciones del Congreso y de los legisladores estatales y municipales.
Para que entre en vigor, el texto debe ser aprobado en el pleno del Senado en dos vueltas. Luego se enviará para su promulgación en el Congreso. No es necesario que el presidente lo sancione.
El pleno podría analizar la materia aún este miércoles, dependiendo de la decisión del presidente Renan Calheiros (PMDB-AL) junto con los líderes partidarios.
La PEC 43 ya había sido aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados en septiembre, una semana después de que en una sesión secreta los diputados rechazaran la destitución del diputado Natan Donadon (sin partido-RO), condenado a 13 años de prisión en 2010 por el Supremo Tribunal Federal (STF). Donadon cumple su condena en la cárcel de la Papuda, en Brasilia.
En la sesión de este miércoles, los miembros de la CCJ del Senado aprobaron el informe del senador Sérgio Souza (PMDB-PR), quien aceptó la PEC 43 sin hacer modificaciones al texto que venía de la Cámara. También vetó las sugerencias de cambios incluidas en el pleno del Senado.
La propuesta acaba con el voto secreto en todas las deliberaciones de la Cámara, el Senado y el Congreso Nacional y también extiende sus efectos a las asambleas legislativas de los estados, a la Cámara Legislativa del Distrito Federal y a los concejos municipales.
Divergencias
Algunos parlamentarios en la comisión, que fueron minoría, llegaron a defender el voto abierto para la destitución de mandatos parlamentarios, pero secreto para el análisis de vetos presidenciales y la elección de autoridades, como ministros del Supremo Tribunal Federal y el Procurador General de la República.
Aloysio Nunes (PSDB-SP) fue uno de los senadores que defendió el voto secreto en estos casos. Para él, el voto secreto en el examen de vetos presidenciales es necesario para proteger al parlamentario de posibles represalias del Poder Ejecutivo, quien gestiona los recursos públicos y ejecuta el presupuesto de la Unión.
Nunes dijo que Brasil no está “libre de la plaga” de posibles represalias del Poder Ejecutivo, por lo que defendió el voto secreto en los casos de examen de veto presidencial y de nombramiento de autoridades.
“Creo que debemos tener una visión de la historia, no solo del pasado, sino también una proyección de lo que puede suceder. Lo que la gente realmente quiere es que, en los casos de destitución de mandatos por violación de la ética parlamentaria y la comisión de delitos, el voto sea abierto para evitar el compadreo”, dijo.
El líder del gobierno en el Senado, Eduardo Braga (PMDB-AM), también defendió el voto secreto en estos dos casos. “Mantenemos nuestra posición de voto abierto para la destitución de un parlamentario, pero no votaré a favor del voto abierto para las autoridades y los vetos. Creo que es importante para el equilibrio en el régimen democrático mantener el voto secreto”, dijo.
El relator, el senador Sérgio Souza, dijo que la PEC 43 cuenta con el amplio apoyo de la población. “Creo que la sociedad brasileña se encuentra en una etapa de la democracia que no admite más el voto encubierto, el voto secreto. Lo que el pueblo brasileño quiere es saber cómo vota su representante. Aquel que tiene miedo de votar abiertamente, entonces que no se presente, que no sea parlamentario”, afirmó.
Enmiendas
En el pleno, los senadores aún podrán cambiar el texto votando dos aspectos destacados (cambios en el texto) que permiten el voto secreto. De autoría del senador Romero Jucá (PMDB-RR), uno de los aspectos destacados pone fin a las votaciones a puerta cerrada para la destitución de mandatos y vetos presidenciales, pero mantiene el voto secreto para el nombramiento de autoridades.
Por otro lado, el aspecto destacado del senador Aloysio Nunes restringe el voto abierto solo a las sesiones de destitución parlamentaria. Las votaciones de vetos presidenciales y nombramientos de autoridades seguirían siendo secretas.