“¡Basta de mentiras, basta de prepotencia!” Estas palabras podrían resumir las múltiples demandas llevadas a las calles de Buenos Aires y otras ciudades, grandes y pequeñas, en todo el territorio argentino, por las multitudes movilizadas en la manifestación del jueves 8 de noviembre. Sólo en la capital, se estima que 700 mil personas salieron a las calles, según las autoridades locales. En todo el país, podrían haber sido 2 millones. Aunque las cifras pueden variar, nadie puede negar que estas protestas tienen una amplia repercusión nacional, con la participación de todas las clases sociales y el esfuerzo de los organizadores para evitar la influencia de partidos políticos. En una demostración mucho más grande que la del 13 de septiembre, los argentinos salieron a las calles con gritos y carteles en contra de la inflación, la corrupción, las mentiras, la inseguridad, la reelección y las amenazas a la democracia y a la libertad de prensa. En resumen, en contra de un gobierno desacreditado que utiliza la impostura y la violencia como herramientas habituales en su gestión y en sus ambiciones.

La mayoría de los errores y abusos denunciados por los manifestantes comenzaron en el gobierno del presidente Néstor Kirchner. Aunque él falleció, la familia se mantuvo en el poder y la presidenta Cristina Kirchner logró ser reelegida el año pasado con el 54% de los votos. En el primer mes de su segundo mandato, su índice de aprobación era del 64%. Pero en menos de un año, gran parte de ese capital político se ha consumido. Sin embargo, desde hace años, observadores externos han denunciado repetidamente los abusos y engaños por parte de los Kirchners.

En febrero de este año, la revista británica The Economist dejó de publicar estadísticas oficiales argentinas. Esta decisión fue explicada en un editorial titulado “No me mientas, Argentina”. Hace años que el Fondo Monetario Internacional (FMI) solo publica estas cifras con una advertencia sobre su poca credibilidad. El FMI y el gobierno argentino acordaron hace tiempo cooperar en la reforma de las estadísticas. En septiembre, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, lamentó la falta de resultados, dio un plazo de tres meses para la publicación de cifras confiables y calificó la advertencia como una tarjeta amarilla. No se trata de mitomanía ni de una escasez de personal para producir estadísticas decentes. Sin preocuparse seriamente por la economía, los Kirchners dieron prioridad a sus ambiciones políticas y convirtieron el engaño en una herramienta habitual. La impostura se agravó a partir de 2007, con la intervención en el servicio de estadísticas y la oficialización de la mentira. Según las cifras del gobierno, la inflación anual ronda el 10%. Sin embargo, las cuentas de oficinas independientes indican que es del 25%. Esta diferencia se repite desde hace años y el público siente sus efectos. En lugar de ajustar su política y combatir la inflación, el gobierno ha optado por multar a quienes divulgan cifras diferentes a las oficiales.

La misma prepotencia se ha utilizado en los últimos años contra los productores rurales, exportadores y minoristas, para disimular el aumento de precios. El gobierno logró el casi milagro de crear problemas de abastecimiento en un país reconocido mundialmente como una potencia agrícola. Sin preocuparse por las inversiones y la productividad, la administración Kirchner recurrió a una combinación de proteccionismo y restricciones cambiarias. Esto ha resultado en graves pérdidas para el principal socio comercial del país, Brasil, y para la propia economía argentina, que se ha visto privada de importaciones esenciales.

La arbitrariedad y la incompetencia administrativa también se reflejan en las condiciones básicas de funcionamiento del país. Los apagones como el del miércoles confirman el mal estado del país, pero el ministro de Planificación, Julio de Vido, prefirió insinuar un acto de sabotaje.

En este ambiente de mentiras y autoritarismo, no es de extrañar que la presidenta Cristina Kirchner esté librando una guerra contra los grupos de comunicación independientes. La misma presidenta lideró el movimiento para suspender a Paraguay y admitir a Venezuela, gobernada por el caudillo Hugo Chávez, en el Mercosur. La presidenta Dilma Rousseff ha seguido fielmente la política de su predecesor de apoyar a vecinos autoritarios. Sin embargo, ahora parece que muchos millones de argentinos están en desacuerdo con las preferencias del gobierno brasileño.